Contexto y alcance del proyecto
El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio del Trabajo, buscaría modificar y complementar el Decreto 1072 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Esta iniciativa respondería a la necesidad de establecer criterios claros para que la autoridad laboral pueda identificar y sancionar prácticas ilegales relacionadas con la tercerización y la intermediación laboral, en concordancia con la Ley 1610 de 2013 y otras disposiciones legales recientes, como la Ley 2466 de 2025.
El decreto también tendría en cuenta la evolución jurisprudencial reciente sobre el tema, que ha precisado conceptos y límites relacionados con la tercerización laboral, con especial énfasis en proteger tanto los derechos individuales como colectivos, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva.
Propósito principal y grupos afectados
Este proyecto de decreto tendría como propósito principal reglamentar de manera detallada la tercerización e intermediación laboral ilegal para evitar la vulneración de los derechos laborales. Estaría dirigido a empleadores, contratistas, subcontratistas, cooperativas, sindicatos y empresas de servicios temporales, así como a las autoridades encargadas de la inspección, vigilancia y control en el sector laboral.
Se buscaría proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a prácticas que encubran la verdadera relación laboral, y reforzar la responsabilidad solidaria entre contratantes y contratistas.
Medidas y regulaciones propuestas
Entre las medidas más relevantes que introduciría el proyecto de decreto, se encontrarían:
- Definiciones claras sobre tercerización laboral, tercerización ilegal, intermediación laboral, intermediación ilegal, y otras figuras relacionadas.
- Establecimiento de indicios y presunciones de tercerización laboral ilegal, basados en criterios objetivos como la falta de estructura productiva propia, subordinación directa a la empresa...
