Antecedentes del caso

La providencia proviene de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que conoce de los recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos en primera instancia. En este caso, se revisó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de mayo de 2024. El proceso ejecutivo fue iniciado por un grupo de beneficiarios de una condena impuesta en un fallo previo, reclamando el pago total de la obligación reconocida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. La demanda solicitó el pago por perjuicios morales, perjuicios materiales y los intereses moratorios causados desde la ejecutoria del fallo. Posteriormente, la Fiscalía alegó haber realizado un pago que cubría el 40% de la condena, atribuyendo el resto a la Rama Judicial. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que el pago debía ser total y sin fracciones. El Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago y ordenó continuar con la ejecución por un saldo pendiente tras descontar un arancel judicial, conforme a la Ley 1394 de 2010. La parte ejecutada apeló, argumentando que el pago total se había hecho conforme a las normas que regulan la deuda pública, mientras que la parte ejecutante solicitó la revocación del descuento del arancel judicial.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala del Consejo de Estado analizó varios aspectos claves en esta decisión:

• Saldo pendiente y causación de intereses: Se determinó que, aunque se realizó un pago parcial, existe un saldo de capital pendiente de pago, sobre el cual continúan causándose intereses de mora desde el 10 de septiembre de...