Tribunal y naturaleza de la decisión

La providencia objeto de este análisis es una sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en segunda instancia. Esta resolución confirma la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Atlántico en primera instancia, que declaró la caducidad del medio de control judicial ejercido a través de una demanda de reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por un grupo de socios y empleados de una empresa dedicada a la fabricación de muebles, quienes reclamaban responsabilidad patrimonial extracontractual al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a la empresa de servicios públicos Triple A S.A. ESP y a la Unión Temporal responsable de las obras, por los perjuicios sufridos debido a la canalización del arroyo La María. Los demandantes alegaron que las obras públicas afectaron gravemente sus actividades económicas, impidiendo el acceso a sus instalaciones y provocando la destrucción parcial del inmueble donde funcionaba la empresa. Además, solicitaron la indemnización por daños materiales, lucro cesante y perjuicios morales derivados de la paralización empresarial y la afectación a la propiedad. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Atlántico admitió la demanda, pero posteriormente declaró la caducidad del medio de control judicial, con base en que los demandantes tenían conocimiento cierto de los daños desde al menos abril de 2016, fecha en la que promovieron una acción de tutela relacionada con los mismos hechos. La demanda fue presentada en noviembre de 2018, superando el término legal de dos años para este tipo de reclamaciones. En segunda instancia, el Consejo de...