Providencia judicial en segunda instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en segunda instancia, conoció el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño que ordenó continuar con la ejecución forzosa de una obligación pecuniaria derivada de una sentencia condenatoria proferida en un proceso de reparación directa.

Antecedentes del caso

En julio de 2016, el Consejo de Estado condenó solidariamente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación al pago de indemnizaciones por perjuicios morales y materiales ocasionados a un grupo de demandantes como consecuencia de la muerte ocurrida en el año 2000. La sentencia quedó ejecutoriada en enero de 2017, y los beneficiarios solicitaron el pago a la Policía Nacional en junio de ese mismo año. Al no haber cancelado las sumas debidas, los demandantes promovieron demanda ejecutiva en 2023 contra ambas entidades para exigir el pago del capital adeudado y los intereses moratorios acumulados. El Tribunal Administrativo de Nariño libró mandamiento ejecutivo y desestimó las excepciones de las entidades demandadas, ordenando proseguir la ejecución y condenando en costas a la parte vencida. La Policía Nacional apeló la decisión alegando que había cancelado el 50% de la condena que le correspondía y cuestionó la continuidad de la ejecución en su contra, señalando que la Fiscalía General de la Nación no había certificado el pago de su parte.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado recordó que la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer procesos ejecutivos derivados de sentencias condenatorias...