Contexto y tribunal de decisión

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en calidad de instancia de apelación, emitió el auto que confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, proferida el 15 de marzo de 2019. La providencia responde a un recurso de apelación presentado contra la negativa de declaratoria de responsabilidad patrimonial por la muerte de un menor, atribuida a supuestas fallas en la prestación del servicio de salud.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda de reparación directa fue instaurada por los familiares del menor, argumentando que la muerte se derivó de negligencias médicas durante el embarazo y el periodo neonatal. Se señaló que la paciente, durante el control prenatal, presentó incompatibilidad Rh con su pareja, circunstancia que no fue adecuadamente manejada. Según la demanda, no se solicitó la hemoclasificación inicialmente ni se administró la inmunoglobulina anti-D, profilaxis considerada clave para evitar la isoinmunización materno-fetal. Posteriormente, se alegó que tras el nacimiento, el recién nacido no fue examinado exhaustivamente, lo que impidió la detección temprana de ictericia neonatal y la realización oportuna de pruebas diagnósticas como el test de Coombs directo. Además, se cuestionó la remisión del paciente desde el hospital universitario hacia una clínica con menores recursos, lo que habría contribuido al deterioro y eventual fallecimiento. Las entidades demandadas se opusieron a la demanda argumentando que cumplieron con los protocolos médicos vigentes, que no existió falla del servicio ni nexo causal entre sus actuaciones y el fallecimiento, y que la acción estaba caducada.

Consideraciones de la providencia

La Sala del Consejo de Estado realizó un exhaustivo análisis...