Contexto y fundamento legal de la resolución

La Resolución 202451006792196, fechada el 28 de diciembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial No. 53.319 el 29 de noviembre de 2025, fue expedida por el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y máxima autoridad en materia de tierras de la Nación. La ANT ejerce las competencias que anteriormente correspondían al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), como lo establece el Decreto Ley 2363 de 2015. El fundamento jurídico central para esta adjudicación es el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre tierras baldías rurales y ribereñas que hayan ocupado ancestralmente. La Ley 70 desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, y establece un procedimiento especial para la titulación colectiva de estos territorios, que fue reglamentado por el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1745 de 1995.

Objeto y destinatarios de la adjudicación

La resolución adjudica dos predios baldíos, con una extensión total aproximada de 3 hectáreas y 6.271 metros cuadrados, en favor del Consejo Comunitario Afrocolombiano del Corregimiento de Villa Rosa, ubicado en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico. Este Consejo Comunitario representa a 39 familias y 168 personas que han habitado y utilizado el territorio de manera ancestral y continua para actividades agrícolas, pesca, ganadería y prácticas culturales tradicionales. El destinatario principal es la comunidad afrodescendiente organizada en el Consejo Comunitario, cuyo reconocimiento como sujeto colectivo es relevante para la protección de sus derechos étnicos, territoriales y culturales. La adjudicación busca fortalecer su autonomía y garantizar la permanencia en su territorio, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible de su entorno.

Procedimiento y principales decisiones de la resolución

El proceso administrativo inició con la solicitud formal de titulación colectiva presentada por el representante legal del Consejo Comunitario en julio de 2021. La ANT verificó el cumplimiento de los requisitos legales y realizó una visita técnica al territorio entre el 18 y 22 de marzo de 2024, con el fin de delimitar el área, recopilar información sociocultural, censar a la población y verificar la ausencia de terceros ocupantes. Se llevaron a cabo etapas de publicidad y participación pública mediante anuncios en medios locales, notificaciones a autoridades y fijación de avisos en lugares públicos, sin registrarse oposiciones. La Comisión Técnica de la Ley 70 evaluó favorablemente la solicitud y aprobó el levantamiento topográfico y la delimitación del territorio. La resolución dispone la adjudicación formal de los predios, excluyendo expresamente la faja paralela de hasta 30 metros a la línea de cauce permanente de ríos, arroyos, humedales y lagos, por tratarse de bienes de uso público inalienables e imprescriptibles. Se establece que las tierras adjudicadas tienen carácter colectivo, son inembargables e imprescriptibles y están sujetas a la función social y ecológica consagrada en la Constitución. Además, se ordena que la administración del territorio sea ejercida por la Junta del Consejo Comunitario, en concordancia con su reglamento interno, y se establecen obligaciones relativas a la conservación ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y el respeto a las rondas hídricas. Se prohíben ocupaciones de mala fe por parte de personas ajenas a la comunidad.

Impacto y relevancia de la adjudicación

Esta resolución representa un paso clave en la materialización del derecho colectivo al territorio de las comunidades negras, previsto en la Constitución, la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT. La titulación colectiva fortalece la identidad étnica y cultural del Consejo Comunitario Afrocolombiano del Corregimiento de Villa Rosa, asegurando su acceso a programas y proyectos con enfoque diferencial. Asimismo, se promueve un equilibrio entre el desarrollo productivo tradicional de la comunidad y la conservación ambiental, atendiendo a las determinantes territoriales y ambientales vigentes en la zona. La resolución también establece mecanismos para la gestión adecuada del riesgo y la articulación con las autoridades ambientales y municipales. Finalmente, la titularidad colectiva otorgada mediante esta resolución se constituye en título suficiente de dominio y prueba de propiedad, otorgando certeza jurídica a la comunidad sobre su territorio y contribuyendo a la garantía de sus derechos fundamentales. Con esta adjudicación, se fortalece la inclusión social y se avanza en la reparación histórica de las comunidades afrocolombianas, consolidando un modelo de desarrollo territorial que respeta sus tradiciones y promueve su bienestar integral.