Entidades y normativa que respaldan la certificación
La Resolución 338 de 2025 fue emitida por la Contaduría General de la Nación el 28 de noviembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.319 al día siguiente. Su base legal principal se encuentra en la Ley 617 de 2000, que regula la categorización de las entidades territoriales, y en otras disposiciones complementarias como la Ley 1753 de 2015, la Ley 2423 de 2024, el Decreto 1693 de 2023 y la Resolución 399 de 2019 expedida también por la Contaduría General.
Este cuerpo normativo busca fortalecer la descentralización y racionalizar el gasto público en Colombia, estableciendo obligaciones para gobernadores y alcaldes respecto a la determinación anual de la categoría de sus entidades territoriales mediante decreto expedido antes del 31 de octubre de cada año.
Objeto y destinatarios de la resolución
El objetivo central de la resolución es certificar la categoría oficial para la vigencia 2026 de aquellos departamentos, distritos y municipios que no realizaron oportunamente su autocategorización. Esto se realiza con base en información suministrada por diversas entidades, como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Los destinatarios principales son, por tanto, las entidades territoriales que no cumplieron con la obligación legal de autocategorización, que en esta ocasión incluyen 3 departamentos y 286 distritos y municipios. También se reconoce la autocategorización realizada por 29 departamentos y 817 municipios y distritos que presentaron sus decretos dentro del plazo establecido, otorgándoles plenos efectos legales.
Decisiones y regulaciones principales
Entre las decisiones más relevantes se destacan:
- La certificación oficial de la categoría para 3 departamentos y 286 distritos y municipios que no presentaron su autocategorización antes del 31 de octubre de 2025.
- El reconocimiento y adopción como categorías oficiales de las autocategorizaciones válidas presentadas antes de dicha fecha.
- La declaración expresa de que la Contaduría General de la Nación no asume responsabilidad por posibles errores en la información base proporcionada por otras entidades.
- La vigencia inmediata de la resolución a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Impacto y relevancia práctica
La Resolución 338 de 2025 garantiza la continuidad y coherencia en la categorización de las entidades territoriales, elemento fundamental para la distribución de recursos y la planificación administrativa. Al certificar las categorías oficiales, la Contaduría General cumple con su función de garantizar el ordenamiento jurídico en materia de descentralización y control del gasto público.
Además, la resolución fortalece la transparencia y la formalidad en la gestión territorial, al establecer un mecanismo de certificación automática para quienes incumplen el deber de autocategorización. Esto contribuye a evitar vacíos administrativos que puedan afectar la asignación de competencias y recursos.
Base legal y relación con normativas anteriores
Esta resolución se fundamenta en un marco legal consolidado que incluye:
| Norma | Contenido Relevante |
|---|
| Ley 617 de 2000 | Establece obligaciones para la categorización territorial y reformas a la legislación previa. |
| Ley 1753 de 2015 | Deroga el artículo 85 de la Ley 617 y actualiza disposiciones relacionadas. |
| Ley 2423 de 2024 | Adiciona el parágrafo 7º al artículo 6º de la Ley 136 de 1994, vinculada a la categorización. |
| Decreto 1693 de 2023 | Reglamenta competencias del Contador General respecto a la certificación. |
| Resolución 399 de 2019 | Reglamenta el procedimiento para la categorización territorial. |
No se modifica ni revoca ninguna resolución previa, sino que se complementa el marco existente, actualizando la certificación de categorías para la vigencia 2026.
Conclusión
La Resolución 338 de 2025 cumple un rol esencial en la organización territorial y financiera del país. Al certificar y oficializar las categorías de las entidades territoriales que no realizaron su autocategorización dentro del plazo legal, la Contaduría General de la Nación asegura la aplicación efectiva de las normas de descentralización y control del gasto, contribuyendo a la estabilidad y claridad administrativa para el próximo año fiscal. De esta manera, se fortalece el ordenamiento jurídico y se promueve una gestión pública más eficiente y transparente en todo el territorio nacional.
