Marco constitucional y contexto

El artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, mientras que el artículo 20 garantiza la libertad de expresión y el acceso a información veraz e imparcial. En este contexto, la circular enfatiza la necesidad de que los actores políticos, campañas, partidos y empresas vinculadas al marketing político cumplan con estas garantías al tratar datos personales con fines electorales.

Avances tecnológicos y riesgos asociados

La circular destaca cómo las tecnologías digitales y el big data permiten analizar grandes volúmenes de datos para identificar y segmentar votantes, lo que puede incidir en sus decisiones políticas. Se advierte sobre el uso de datos sensibles, como la orientación política o creencias religiosas, sujetos a una protección reforzada para evitar discriminación y manipulación. Además, se señalan riesgos derivados del uso de inteligencia artificial y deepfakes, que pueden distorsionar el debate público y afectar la democracia.

Principales instrucciones para sujetos vigilados

La Superintendencia instruye a los sujetos vigilados a cumplir rigurosamente el régimen de protección de datos personales, incluyendo la obtención de autorización libre, previa, expresa e informada para el tratamiento de datos. Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles sin excepciones legales y se exige transparencia en los criterios de segmentación utilizados, con registros documentales disponibles para la autoridad de vigilancia. Asimismo, se prohíbe la difusión o creación de contenidos sintéticos (deepfakes) que involucren datos personales y se limitan las comunicaciones políticas a sus miembros y seguidores, amparadas bajo excepciones legales específicas.

Vigencia y función de la autoridad

Estas directrices actualizan las instrucciones previas en respuesta a la...