Propósito general y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito establecer lineamientos que guíen la política pública de desarrollo rural con enfoque territorial en la Orinoquía, conformada por los departamentos de Arauca, Meta, Casanare y Vichada. Su objetivo principal es promover el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso productivo del suelo, fortalecer las capacidades productivas y fomentar la generación de ingresos en la región, a través de una acción interinstitucional articulada en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR).

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

Entre las innovaciones relevantes, el proyecto adopta la “Estrategia de Ordenamiento productivo articulado entre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) y la Agroindustria”, que busca transformar los modelos productivos regionales mediante la integración de la ACFC a economías de escala y el impulso a la industrialización mediante transferencia tecnológica y diversificación de cultivos según condiciones agroecológicas. Se propone la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social para la subregión de la Altillanura, que incluye la delimitación y constitución de Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) para promover un equilibrio entre la agroindustria consolidada y la ACFC. Este plan contempla acciones específicas como la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la promoción de sistemas agroecológicos y silvopastoriles, y el fortalecimiento de esquemas asociativos y modelos colectivos con enfoque territorial y diferencial.

Medidas específicas y regulaciones establecidas

El proyecto prevé un conjunto de medidas concretas:

• Gestión integral de la Altillanura y sabanas inundables mediante procesos agrarios de deslinde y recuperación de tierras.
• Fomento de la diversificación productiva con prácticas sostenibles y uso responsable del capital natural.
• Provisión de servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica y acceso a financiamiento adaptado.
• Conformación de comunidades energéticas para promover energías renovables a partir de excedentes financieros del sector petrolero.
• Rehabilitación de infraestructura agroalimentaria en desuso para fortalecer capacidades locales.
• Fortalecimiento de cadenas cortas de comercialización y posicionamiento de productos con identidad territorial.
• Desarrollo de un régimen sanitario diferenciado y adecuado a las particularidades culturales y productivas de la ACFC.
• Implementación de contratos de aprovechamiento a título oneroso sobre bienes de la nación en las ZDE, con duración máxima de 30 años y posibilidad de prórroga sujeta a cumplimiento de planes productivos.

Asimismo, se establecen mecanismos para la actualización periódica y consulta pública sobre insumos técnicos, delimitaciones territoriales y planes productivos, garantizando transparencia y participación.

Impacto esperado y alcance potencial

El proyecto busca promover un desarrollo rural integral y sostenible, fomentando la permanencia de la población en el campo y fortaleciendo el arraigo territorial. Se espera aumentar la productividad agropecuaria, diversificar la economía regional, y generar mayores ingresos para los habitantes rurales. Además, se impulsa la incorporación de prácticas agroecológicas y sostenibles, así como la protección de ecosistemas estratégicos como humedales, páramos, bosques y sabanas, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La estrategia también favorece la inclusión de grupos de especial protección constitucional, tales como comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, garantizando sus derechos territoriales y promoviendo la equidad de género y enfoque diferencial.

Participación de actores clave en la implementación

El proyecto establece la coordinación entre diversas entidades del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre los actores involucrados destacan:

• La Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de la administración y saneamiento de baldíos, delimitación de ZDE y procesos agrarios.
• La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), responsable de focalizar la oferta de desarrollo rural, asistencia técnica y fortalecimiento de la ACFC.
• La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), encargada de atender solicitudes de restitución de tierras.
• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión integral del recurso hídrico.
• Instituciones financieras como FINAGRO y el Banco Agrario, que diseñarán instrumentos de financiamiento adaptados a las necesidades de la agroindustria campesina.
• Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, para promover la comercialización y desarrollo de mercados.

La resolución también contempla mecanismos de evaluación y monitoreo para medir el impacto de la estrategia y ajustar su implementación conforme a resultados. --- Este proyecto representa un avance normativo significativo para el desarrollo rural sostenible en la Orinoquía, alineado con la reforma agraria integral y los compromisos constitucionales y legales del país. Su enfoque integral y territorial atiende las particularidades sociales, productivas y ambientales de la región, con un énfasis especial en la inclusión y fortalecimiento de las comunidades rurales, sentando las bases para un futuro más equitativo y próspero para sus habitantes.