Contexto y antecedentes del caso

La Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia conoció inicialmente una acción popular interpuesta contra el municipio de Rionegro y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), tras denuncias sobre contaminación acústica generada por tres establecimientos comerciales ubicados en el sector San Antonio de Pereira. La demanda buscaba la suspensión inmediata del ruido contaminante y la adecuación acústica de dichos locales para proteger el derecho colectivo al ambiente sano. Tras diversas actuaciones procesales, incluyendo la presentación de informes técnicos y la realización de audiencias públicas y pruebas, el Tribunal admitió la demanda y emitió sentencia el 17 de octubre de 2023, declarando responsables al municipio y a los establecimientos comerciales por la vulneración del derecho colectivo. La decisión ordenó la adopción de medidas correctivas, adecuaciones acústicas y la conformación de un comité de seguimiento.

Principales consideraciones y fundamentos jurídicos

El recurso de apelación presentado por el municipio sostuvo que había cumplido con sus competencias legales mediante actuaciones administrativas y policiales, y que la responsabilidad principal recaía en los establecimientos comerciales y en la autoridad ambiental. Sin embargo, el Consejo de Estado analizó exhaustivamente la normativa aplicable, informes técnicos y actuaciones administrativas, concluyendo que:

• Los establecimientos comerciales superaron ampliamente los límites máximos permisibles de emisión sonora establecidos para zonas residenciales, afectando la tranquilidad y la calidad ambiental del sector.
• Los particulares tienen el deber legal de respetar los estándares de ruido contemplados en el Decreto 948 de 1995, la Ley 1801 de 2016 y la Resolución 627 de 2006, entre otras normas.
• El municipio, como primera...