Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en el trámite de recurso de súplica contra un auto dictado por un magistrado sustanciador que negó el decreto de pruebas en segunda instancia, dentro de un proceso de reparación directa radicado en 2022.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por una sociedad comercial y otras personas naturales en contra del Distrito Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se reclama la responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos debido a actos y omisiones en la expedición de licencias urbanísticas y ambientales, y por la falta de mantenimiento y control de edificaciones, la quebrada El Indio y la estructura hidráulica en un inmueble ubicado en Medellín. Entre septiembre y noviembre de 2020, el predio sufrió socavación, hundimiento e inundaciones que afectaron una edificación. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones en primera instancia al considerar que el daño alegado no estaba probado. La parte demandante interpuso recurso de apelación y, posteriormente, solicitó el decreto de diversas pruebas en segunda instancia, incluyendo documentos, exhortos, un dictamen pericial, inspección judicial e informes escritos. El magistrado sustanciador negó el decreto de todas las pruebas solicitadas, argumentando falta de pertinencia, premura en la solicitud y que algunas pruebas debieron haberse solicitado en primera instancia. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y súplica.

Consideraciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo

La Sala reconoce que el decreto de pruebas en segunda instancia es excepcional...