Providencia del Consejo de Estado en materia de acciones populares

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la Sección Tercera - Subsección B, emitió un auto el 20 de noviembre de 2025, en el que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que rechazó una demanda presentada bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por un ciudadano mediante apoderado judicial contra múltiples entidades estatales y privadas vinculadas a la gestión y supervisión de infraestructura vial y seguridad vial. La acción buscaba la protección de derechos colectivos relacionados con la libre locomoción, acceso seguro a la infraestructura pública vial, prevención de desastres, moralidad administrativa y protección del patrimonio público. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda para que se subsanaran ciertos requisitos, incluyendo el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en los artículos 182 de la Ley 472 de 1998 y 1443 y 1614 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La parte demandante argumentó que exigir el agotamiento de recursos administrativos previos representaba una carga procesal excesiva y contraria al principio de eficacia del derecho procesal constitucional. Posteriormente, el Tribunal emitió un auto el 6 de agosto de 2025, rechazando la demanda por no haberse cumplido el requisito de presentar previamente una solicitud ante la autoridad competente para adoptar medidas necesarias en defensa de los derechos colectivos, conforme al artículo 161 del CPACA. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, alegando que el tribunal desconoció el principio de especialidad y valoró indebidamente la excepción al requisito de procedibilidad, además de vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia al privilegiar formalidades sobre derechos sustanciales. El Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al Consejo de Estado para su decisión final.

Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado analizó la procedencia del recurso de apelación en el trámite de acciones populares, destacando que la Ley 472 de 1998 establece expresamente que el recurso de apelación solo procede contra autos que decretan medidas cautelares y contra la sentencia de primera instancia. En concordancia, la Sala Plena de la misma Corporación ha señalado que todas las demás decisiones dictadas en el trámite de acciones populares, incluyendo el auto que rechaza una demanda, solo son susceptibles del recurso de reposición. Además, la Corte Constitucional ha respaldado esta configuración normativa, indicando que la limitación en la procedencia del recurso de apelación no afecta el derecho de defensa ni el acceso a la administración de justicia, sino que responde a la necesidad de un trámite expedito para proteger efectivamente derechos e intereses colectivos. En el caso concreto, el Consejo de Estado determinó que el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda no era procedente y debía ser adecuado a recurso de reposición. En consecuencia, se ordenó la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para que resuelva lo pertinente conforme a derecho.

Implicaciones de la decisión

Esta providencia reafirma el régimen especial y expedito que rige las acciones populares, limitando el recurso de apelación a situaciones específicas para garantizar la celeridad del proceso y la tutela efectiva de derechos colectivos. Así, los ciudadanos y operadores jurídicos deben tener presente que en estos procesos, la vía ordinaria para controvertir decisiones interlocutorias es el recurso de reposición ante el mismo juez. El Consejo de Estado destacó la autonomía normativa del legislador para configurar los recursos en el trámite de acciones populares, en atención a la naturaleza constitucional de este mecanismo de defensa colectiva y el interés público que protege. Esta decisión contribuye a consolidar la jurisprudencia sobre el procedimiento aplicable en acciones populares y el alcance de los recursos procesales, fortaleciendo la seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia en materia de derechos e intereses colectivos. En conclusión, la providencia del Consejo de Estado sienta un precedente claro sobre la procedencia de los recursos en las acciones populares, garantizando un trámite ágil y efectivo que favorece la protección de los derechos colectivos, en consonancia con los principios constitucionales y la legislación vigente.