Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su calidad de tribunal de segunda instancia, emitió una sentencia el 7 de noviembre de 2025, en la cual confirmó la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la acción de tutela presentada por un ciudadano contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín. La acción buscaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, argumentando obstáculos en el ejercicio de la defensa dentro de un proceso de reparación directa.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante interpuso una demanda en un proceso de reparación directa promovido en su contra y contra la Alcaldía de Medellín, por perjuicios materiales derivados de obras de construcción que afectaron un bien inmueble. Alegó que el Juzgado responsable del caso habría cometido irregularidades, tales como el envío de notificaciones a correos electrónicos no autorizados y la admisión de pruebas consideradas fraudulentas, lo que habría vulnerado sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Dentro del proceso de tutela, el accionante solicitó diversas órdenes, incluyendo el reconocimiento de un canal exclusivo para notificaciones electrónicas, la emisión de certificaciones juradas sobre supuestos conflictos de interés y comunicaciones del Juzgado con las partes involucradas, así como explicaciones detalladas sobre la valoración de pruebas y la actuación judicial en general. El Juzgado contestó que no existieron vulneraciones a derechos fundamentales y que las actuaciones se ajustaron a la normatividad vigente. Afirmó que las notificaciones fueron enviadas a los correos electrónicos autorizados y que el proceso se encuentra en trámite,...