Contexto y antecedentes del caso

La providencia emanó del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso de nulidad electoral iniciado contra la elección de una diputada en el departamento del Atlántico para el periodo constitucional 2024-2027. Los demandantes, ciudadanos afectados, acudieron al medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) con el fin de anular el formulario oficial que certificó dicha elección. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad parcial de ciertas resoluciones electorales relacionadas con la inclusión de la candidata en la lista de precandidatos, debido a que no participó en la consulta obligatoria, y ordenó la nulidad de su elección como diputada. Se dispuso además notificar la decisión a las autoridades electorales para que procedieran conforme a la normatividad vigente.

Procedimiento y recursos interpuestos

Contra la sentencia de primera instancia, tanto los apoderados de la demandada —la diputada electa— como de uno de los demandantes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron admitidos por el tribunal a quo mediante auto. Posteriormente, el Consejo de Estado emitió un auto admitiendo dichos recursos de apelación para su estudio en segunda instancia. En este contexto, el apoderado de uno de los demandantes interpuso un recurso de reposición contra dicho auto, solicitando adicionalmente que se ordenara que el expediente permaneciera tres días en Secretaría para que las partes pudieran presentar alegatos por escrito. Alegó que el despacho omitió aplicar el artículo 293 del CPACA, que contempla el traslado para alegaciones finales.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El magistrado...