Contexto y tribunal competente

El conflicto fue resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, órgano encargado de dirimir controversias administrativas en segunda instancia. La providencia judicial, en forma de auto, responde a la disputa originada por la competencia para tramitar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con la implementación de una política pública para personas en condición de discapacidad en una universidad pública.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia surgió porque la universidad creó una oficina de control disciplinario interno, pero esta se encuentra actualmente inoperante. Ante esta situación, se planteó si la competencia para adelantar la investigación disciplinaria correspondía a la Procuraduría Provincial o a la universidad misma. El hallazgo administrativo fue emitido por la Gerencia Departamental de la Contraloría General, y generó presuntas faltas disciplinarias en la gestión institucional de la universidad.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala comparte el exhorto a la universidad para que adelante la reestructuración de su oficina de control disciplinario interno, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y su modificación por la Ley 2094 de 2021. Asimismo, recomienda que la Procuraduría General de la Nación acompañe este proceso de transformación institucional y, si es pertinente, investigue posibles faltas disciplinarias del personal directivo. No obstante, la Sala discrepa con la asignación exclusiva de competencia a la Procuraduría para tramitar el proceso disciplinario derivado del hallazgo administrativo. Se señala que, conforme a los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones, corresponde principalmente a las oficinas de control disciplinario interno y a los...