Contexto y tribunal competente

El auto fue proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su función de dirimir un conflicto negativo de competencias administrativas. El caso se originó a partir de una queja disciplinaria relacionada con una universidad pública que no contaba con una oficina de control disciplinario interno operativa, lo que generó incertidumbre sobre qué autoridad debía adelantar el proceso disciplinario. La Procuraduría General de la Nación y sus dependencias regionales reclamaron competencia para conocer el asunto, luego de un hallazgo disciplinario por parte de la Contraloría General de la República en una auditoría financiera.

Antecedentes fácticos y procesales

Durante la auditoría financiera realizada a la universidad, se identificaron presuntas irregularidades en el cumplimiento de principios administrativos como la transparencia, publicidad y la correcta contratación pública. La universidad había creado formalmente una oficina de control disciplinario interno mediante un acuerdo, pero esta se encontraba inoperante. Además, derogó normas internas previas que regulaban dicha oficina, lo cual generó un vacío en la estructura disciplinaria interna para atender las quejas contra sus servidores públicos. Este vacío motivó un conflicto negativo de competencias entre la universidad y la Procuraduría, respecto de quién tenía la autoridad para adelantar el proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados.

Consideraciones jurídicas y razonamiento del Consejo de Estado

La Sala reiteró la obligación legal contemplada en los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificados por la Ley 2094 de 2021, que exige a todas las entidades públicas mantener una oficina de control disciplinario interno para ejercer la potestad disciplinaria sobre sus servidores. El Consejo...