Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surgió a raíz de un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, identificado por la Contraloría General de la República durante una auditoría financiera a la Universidad del Pacífico, sede Buenaventura, correspondiente a la vigencia de 2021. Dicho hallazgo señaló posibles incumplimientos en los principios de transparencia, publicidad y normas legales de contratación pública por parte de funcionarios del área de contratación de la universidad. Posteriormente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura remitió el caso a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la universidad, pero esta última se encuentra inoperante debido a un proceso de reestructuración administrativa para cumplir con los nuevos lineamientos legales. Ante esta situación, la universidad solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que dirimiera el conflicto negativo de competencias administrativas para determinar la autoridad competente en el proceso disciplinario.

Marco jurídico y competencias

La Sala basó su competencia en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por la Ley 2080 de 2021, que facultan a esta instancia para resolver conflictos de competencia entre autoridades administrativas nacionales cuando existe rechazo o reclamo simultáneo o sucesivo de competencia. Por su parte, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), modificado por la Ley 2094 de 2021, establece la obligatoriedad para todas las entidades estatales de contar con una oficina o unidad de control disciplinario interno del más alto nivel, que garantice la separación entre las etapas de instrucción y juzgamiento con funcionarios diferentes, independientes...