Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en sede de segunda instancia, con competencia para conocer recursos contra sentencias y autos en procesos de acción popular. La acción de tutela fue interpuesta contra un auto del Tribunal Administrativo de Quindío, juez de primera instancia, en el marco de una acción popular relacionada con la protección del ambiente.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó por una acción popular interpuesta por la Procuraduría Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios contra diversas entidades y particulares, incluido un importante grupo empresarial del sector agroindustrial. La demanda busca que se declare la responsabilidad por daños causados a un complejo de humedales ubicado en la Hacienda Pisamal, en el departamento del Quindío, afectados por actividades agrícolas que habrían alterado el equilibrio hídrico y la biodiversidad del área protegida. En el proceso, el Tribunal Administrativo de Quindío decretó pruebas de oficio y, posteriormente, profirió un auto negando la nulidad de lo actuado por supuestas irregularidades en el procedimiento probatorio, concretamente en la falta de traslado de algunas pruebas a la parte demandante. Frente a este auto, la parte actora interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado, al revisar la impugnación contra la sentencia que declaró improcedente la tutela, examinó detalladamente los requisitos procesales para la procedencia de esta acción contra providencias judiciales, especialmente el requisito...