Contexto y antecedentes del caso

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció una acción de tutela interpuesta contra una sentencia del Tribunal Administrativo de un departamento del Magdalena. Los actores, víctimas de desplazamiento forzado durante el conflicto armado, demandaron a diversas entidades estatales buscando que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la omisión en el cumplimiento del deber constitucional de protección y seguridad. El Juzgado Administrativo de primera instancia había declarado la responsabilidad del Estado y ordenado indemnización por daño moral, pero el tribunal de segunda instancia revocó dicha decisión, declarando la caducidad del medio de control de reparación directa, con base en que el término para presentar la demanda había expirado. Frente a esa decisión, se interpuso la acción de tutela, alegando vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de primera instancia, amparó la tutela argumentando que el tribunal inferior aplicó de forma retroactiva el precedente unificado de 2020 sobre el cómputo de la caducidad, desconociendo la jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda en 2014. Se resaltó que en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado, la caducidad no debe aplicarse rígidamente, dada la imprescriptibilidad de estas conductas y los estándares internacionales de derechos humanos. El tribunal de segunda instancia había declarado la caducidad con base en que las víctimas tuvieron conocimiento del daño desde una audiencia de versión libre en 2010. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que dicha diligencia no proporcionó...