Contexto y antecedentes del caso

El 9 de julio de 2025, varios ciudadanos presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República, varios ministerios, la Agencia Nacional de Infraestructura y Desarrollo Sostenible (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y un consorcio privado. La tutela buscaba la protección de los derechos fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, argumentando que no se había respondido oportunamente una solicitud para que el Presidente participara en un cabildo abierto programado para el 7 de junio de 2025. El Consejo de Estado, en sentencia del 6 de noviembre de 2025, confirmó la decisión previa que negó el amparo solicitado, argumentando que la Presidencia remitió la petición a las entidades competentes y notificó a los solicitantes la respuesta a la solicitud de reunión. Asimismo, se declaró la carencia de objeto respecto a una de las entidades demandadas debido a que la situación había sido superada con la respuesta dada.

Consideraciones jurídicas y aclaración de voto

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, fue la encargada de proferir la providencia en segunda instancia. En ella, el magistrado ponente manifestó su aclaración de voto, coincidiendo con el sentido de la sentencia pero señalando una cuestión de fondo relativa a la competencia para conocer acciones de tutela contra el Presidente de la República. En particular, se analizó el Decreto 799 de 9 de julio de 2025, que modificó el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Antes de esta modificación, las acciones de tutela contra el Presidente y ciertas...