Providencia emitida en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en calidad de tribunal de segunda instancia, profirió un auto en el marco de un proceso de acción de tutela cuyo origen se remonta a la sentencia de tutela de 25 de septiembre de 2025. En esta providencia, se analizó una solicitud de adición a dicha sentencia presentada oportunamente dentro del término de ejecutoria.

Antecedentes fácticos y procesales

El asunto inició con una acción de tutela contra una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca relacionada con la desvinculación de un servidor público por inasistencia injustificada. La tutela fue declarada improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, decisión que fue notificada a las partes el 2 de octubre de 2025. Posteriormente, el accionante presentó memorial solicitando la adición de la sentencia, argumentando que no se había resuelto un supuesto defecto fáctico referente a la valoración probatoria, especialmente en relación con la configuración de indicios y la valoración de oficios administrativos como prueba indiciaria.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala recordó que, conforme a la Constitución Política (artículo 86), el Decreto 2591 de 1991 y el Código General del Proceso (artículo 287), la adición a una sentencia procede únicamente cuando esta omite pronunciarse sobre algún extremo de la litis o punto que por ley deba resolverse, y debe solicitarse dentro del término de ejecutoria. Tras verificar la oportunidad de la solicitud, el Consejo de Estado analizó el fondo de la petición. Señaló que los argumentos sobre defecto fáctico y valoración probatoria habían sido objeto de análisis exhaustivo durante el proceso ordinario, incluyendo la valoración conjunta de los oficios administrativos y demás pruebas allegadas. La Sala destacó que el juez natural, en primera y segunda instancia, concluyó que las pruebas no desvirtuaban la presunción de legalidad del acto administrativo de desvinculación. Además, no se aportaron nuevos elementos que justificaran una revisión adicional en el marco de la acción de tutela. La insistencia en estos argumentos mediante la acción de tutela evidenció la intención de prolongar el debate ya resuelto en el proceso ordinario, situación que no es procedente en la vía de tutela, cuya función es la protección inmediata de derechos fundamentales con relevancia constitucional.

Decisión y efectos

En consecuencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de adición a la sentencia de tutela. Se ordenó notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito conforme a la normatividad vigente. Esta providencia reitera la importancia del respeto a la competencia funcional de los jueces en cada instancia y la limitación del amparo constitucional para no convertirse en una instancia adicional para debatir hechos y pruebas ya analizados en el proceso ordinario. El auto fue aprobado en sesión plenaria y firmado electrónicamente por el presidente de la Sección Cuarta y los magistrados que integran esta corporación judicial, reafirmando así el compromiso del Consejo de Estado con la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en materia administrativa.