Contexto y tribunal competente

El pronunciamiento fue emitido por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia judicial en materia administrativa en Colombia. La decisión ratifica un fallo previo de la misma corporación en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Antecedentes del caso

El litigio tiene origen en la solicitud de un miembro de la Fuerza Pública, que buscaba el reajuste de su asignación básica devengada durante su servicio activo entre 1992 y 2004, tomando como base la inflación acumulada en ese período. Esta petición fue negada por el Ministerio de Defensa y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), argumentando que no existía decreto oficial ordenando dicho reajuste ni obligación de pago por asignación de retiro en esos años, dado que el solicitante aún estaba en servicio activo y no había reconocimiento previo de esa asignación. Posteriormente, se presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones administrativas, en la que se solicitó ordenar el reajuste salarial y la reliquidación de prestaciones sociales correspondientes. Tanto el Juzgado Administrativo como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negaron las pretensiones, argumentando que los incrementos salariales aplicados durante esos años ya cumplían con las disposiciones legales vigentes, en particular la Ley 4 de 1992, y que el reajuste según el IPC no aplicaba sobre los salarios devengados en actividad sino sobre asignaciones de retiro reconocidas antes o durante el período reclamado.

Motivos y consideraciones de la providencia

El...