Contexto y antecedentes del caso

La Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, conoció la impugnación de una acción de tutela interpuesta contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A. La acción pretendía la protección de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de una empleada pública vinculada como odontóloga a la Universidad del Atlántico. La controversia surge a partir de la suspensión del pago del auxilio de transporte que la empleada venía recibiendo desde su vinculación en 1997, reconocido en convenciones colectivas de trabajo de 1975 y 1976. En agosto de 2002, la Universidad suspendió dicho auxilio sin previo aviso ni consentimiento. Posteriormente, en 2019, la empleada solicitó la inclusión de este auxilio en su salario y prestaciones, petición que fue negada mediante oficio administrativo. Ante esta situación, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad, la cual fue inicialmente favorable para ella en primera instancia, ordenando la reliquidación con inclusión del auxilio. Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones por considerar que la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados públicos es exclusiva del Gobierno Nacional, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, y que el auxilio de transporte establecido en convenciones colectivas locales no constituía un derecho adquirido para la empleada.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado evaluó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, verificando el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad. Se...