Tribunal e instancia procesal

El auto fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en calidad de primera instancia para resolver una acción de tutela. Este mecanismo constitucional fue interpuesto contra la Sala Doce Especial de Decisión de la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue presentada por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La controversia se originó a partir de varios autos emitidos en un recurso extraordinario de revisión en un proceso administrativo, fechados en diciembre de 2024 y en marzo y mayo de 2025. En el curso del trámite, uno de los consejeros de la Sala manifestó su impedimento para continuar conociendo la acción de tutela, argumentando que fue ponente del auto de mayo de 2025 que confirmó el rechazo del recurso extraordinario de revisión objeto de la tutela. Este hecho generó la necesidad de analizar la procedencia del impedimento.

Consideraciones jurídicas

El análisis se basó en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, y que establece la obligación del juez de declararse impedido cuando existan causales previstas en el Código de Procedimiento Penal. En particular, se aplicó el numeral 6º del artículo 56 de dicho código, que dispone como causal de impedimento cuando el funcionario haya dictado la providencia objeto de la revisión o haya participado en el proceso. En este caso, se constató que el consejero impedido efectivamente suscribió el auto cuestionado en el recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, la Sala encontró justificado el impedimento para preservar la imparcialidad y la transparencia en la administración de justicia. Con base en lo anterior, y conforme a lo estipulado en los artículos 140 y 143 del Código General del Proceso, se declaró fundado el impedimento y se ordenó la separación del consejero del conocimiento de la acción de tutela.

Conclusión formal de la providencia

El auto resuelve el impedimento manifestado por el consejero ponente, declarando procedente su separación en el trámite de la acción de tutela. La decisión fue adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento de las garantías procesales y la correcta administración de justicia en el Consejo de Estado. Este pronunciamiento constituye un ejemplo claro de la aplicación estricta de las normas procesales para asegurar la imparcialidad judicial, evitando posibles conflictos de interés en la revisión de decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales. Con ello, se reafirma el compromiso del Consejo de Estado con la transparencia y la integridad en sus procesos judiciales, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.