Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emitida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco de un proceso de reparación directa. El accionante, quien ejerció un medio de control contra entidades públicas y privadas por presunta responsabilidad patrimonial derivada de un accidente de tránsito, alegó vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En primera instancia, el Juzgado Administrativo otorgó parcialmente la razón al demandante. Sin embargo, el Tribunal Administrativo revocó dicha sentencia mediante providencia, decisión que fue objeto del recurso de tutela. La acción constitucional cuestionó la valoración probatoria realizada, especialmente el otorgamiento de valor predominante al Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), y el supuesto desconocimiento de precedentes judiciales relativos a la responsabilidad estatal por omisión en señalización en obras públicas.

Consideraciones jurídicas sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional cuyo uso debe estar sujeto a criterios estrictos, para preservar principios como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la independencia judicial. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido requisitos generales y especiales para la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, entre ellos: relevancia constitucional del asunto, agotamiento de los recursos ordinarios, inmediatez, identificación clara de la vulneración y que la acción no sea utilizada como instancia adicional. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Sala explicó...