Contexto y competencia jurisdiccional

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció la acción de tutela instaurada contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La demanda se presentó en primera instancia buscando el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y, principalmente, al derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante formuló una petición el 8 de julio de 2025, a través de correos electrónicos institucionales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitando que los fondos consignados en una cuenta judicial, relacionados con un proceso anterior, fueran transferidos a la cuenta de una persona en calidad de heredera y representante legal. Ante la falta de respuesta dentro de los términos legales, se interpuso la acción de tutela para proteger su derecho fundamental de petición. Durante el trámite, la entidad demandada informó que, el 17 de octubre de 2025, se dio una respuesta completa y de fondo a la solicitud, la cual fue notificada en el correo electrónico designado por el accionante, eliminando así la presunta vulneración.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado reitera que la acción de tutela es un mecanismo constitucional subsidiario y preferente para la protección de derechos fundamentales, procedente únicamente cuando no existan otros medios judiciales idóneos o cuando exista un perjuicio irremediable. Respecto al derecho de petición, el tribunal destaca que este implica no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, sino también el derecho a obtener una respuesta pronta,...