Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por una docente oficial en la categoría 3BM del escalafón vigente, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y tutela judicial efectiva, en conexión con el principio de favorabilidad. La controversia surgió por un incremento salarial otorgado en los años 2008 y 2009, que la accionante consideró inequitativo frente a otros docentes de categoría 3DM. Tras agotar las instancias administrativas, promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de actos administrativos que negaron sus solicitudes y, en consecuencia, se ordenara el pago de diferencias salariales. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó negó las pretensiones en primera instancia, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante providencia del 30 de julio de 2025. Frente a esta última, se interpuso la acción de tutela cuestionando presuntos defectos sustantivos y fácticos, así como el desconocimiento de precedente judicial, específicamente la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, que exige justificación objetiva para tratos diferenciados en materia salarial.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, competente para conocer la tutela, recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional que requiere cumplir requisitos generales y especiales de procedibilidad. Entre ellos, destaca la relevancia constitucional, que implica que la controversia afecte derechos fundamentales desde una óptica constitucional y no se limite a un debate meramente legal o económico. El Consejo de Estado explicó...