Contexto y competencia del Consejo de Estado

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumió el conocimiento de una acción de tutela presentada contra una providencia judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión. Esta competencia está respaldada por el Decreto 2591 de 1991 y sus modificaciones, así como por acuerdos internos del Consejo de Estado. La tutela buscaba proteger el derecho fundamental al debido proceso tras la revocación de una sentencia previa que había accedido a pretensiones de una acción de cumplimiento relacionada con nombramientos en provisionalidad.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, en calidad de demandante en la acción de cumplimiento, solicitó que se garantizara el derecho de preferencia para proveer vacantes en la planta de empleo público mediante la figura de encargo, conforme a la Ley 1960 de 2019. Inicialmente, el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto accedió a estas pretensiones en sentencia del 7 de mayo de 2025. Sin embargo, la Gobernación de Nariño impugnó esta decisión, argumentando que se cumplió con el procedimiento legal para nombramientos en provisionalidad al no encontrar funcionarios que satisfacieran los requisitos para el cargo. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la sentencia de primera instancia y declaró improcedente la acción, considerando que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, pues existía un medio de control idóneo para controvertir los nombramientos administrativos. La acción de tutela cuestionó esta decisión, alegando vulneración al derecho al debido proceso por una supuesta incorrecta interpretación de la pretensión y una valoración probatoria defectuosa.

Consideraciones del Consejo de Estado...