Contexto y tribunal competente

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, emitió un auto mediante el cual remitió una acción de tutela a la instancia correspondiente en primera instancia: los juzgados municipales de Pasto. La providencia se profiere en ejercicio de la función de control judicial sobre la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones administrativas y judiciales, en este caso particular en materia de derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por la presentación de una acción de tutela en contra de una Entidad Promotora de Salud (EPS), un centro cardiopulmonar y una farmacia privada, por parte de una persona que argumenta la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana. La accionante reclama el acceso urgente a un estudio diagnóstico especializado —un estudio fisiológico completo del sueño (polisomnografía)— y la entrega de un medicamento específico para tratar patologías alérgicas y condiciones clínicas de larga evolución que afectan su calidad de vida. Entre las pretensiones también se solicita que, en caso de que el prestador de servicios de salud inicialmente asignado no pueda realizar el procedimiento por falta de disponibilidad, se ordene a la EPS el cambio inmediato a otro proveedor que garantice la atención o se asigne el servicio a una entidad hospitalaria pública.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El punto central del auto radica en la aplicación del Decreto 333 de 2021, el cual modificó las reglas de reparto para las acciones de tutela interpuestas contra autoridades, organismos o entidades públicas de orden departamental, distrital o municipal,...