Contexto y competencia judicial en la tutela

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Subsección B, mediante un auto fechado el 4 de noviembre de 2025, resolvió sobre la competencia para conocer una acción de tutela instaurada contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Huila. La acción fue presentada para proteger el derecho fundamental de petición, al reclamar la resolución de fondo respecto a una solicitud de pensión de jubilación basada en más de veinte años de servicios educativos y el cumplimiento de la edad requerida. Conforme a los antecedentes procesales, el demandante, por medio de apoderada judicial, solicitó que las autoridades competentes del Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación del Departamento del Huila atendieran la petición relacionada con la pensión. La controversia surgió por la presunta vulneración de este derecho fundamental.

Fundamentos y criterios jurídicos para la remisión

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la normativa aplicable, especialmente en el artículo 2.2.3.1.2.1 numeral 2 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025, que establece las reglas de reparto de la acción de tutela. Según esta regulación, cuando la acción se interponga contra autoridades o entidades públicas del orden nacional, corresponde conocerla en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría. Además, la Corte Constitucional ha precisado que la competencia territorial para el conocimiento de la tutela se determina por el lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivó la acción, o donde se produjeron sus efectos, y no necesariamente por la sede del ente demandado. En este caso, el Consejo concluyó que el lugar de ocurrencia fue el municipio de Neiva. Por tanto, se determinó que los juzgados administrativos del circuito de Neiva son competentes para tramitar la acción de tutela en primera instancia. En consecuencia, se ordenó la remisión inmediata del proceso a la oficina de apoyo judicial de dichos juzgados para que procedan al reparto correspondiente.

Disposiciones finales

El auto dispone también que se comunique de manera expedita esta decisión al demandante, garantizando así el derecho a la información y al debido proceso. La providencia fue firmada electrónicamente, asegurando su autenticidad y conservación conforme al artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este pronunciamiento reafirma la importancia de respetar las reglas de competencia establecidas para la acción de tutela, garantizando que los procesos se tramiten en las jurisdicciones adecuadas conforme a la ley y la jurisprudencia constitucional vigente, y contribuye a la protección efectiva de los derechos fundamentales en materia de seguridad social.