Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de tribunal de segunda instancia, emitió un auto mediante el cual se resuelve remitir una acción de tutela presentada contra una entidad particular a la autoridad judicial competente para su conocimiento. Esta providencia se enmarca dentro del trámite procesal de admisión de la acción de tutela y se pronuncia sobre la competencia territorial y funcional requerida para su adecuada resolución.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta en Bogotá D.C. por un ciudadano que alegó la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital por parte de una entidad privada del sector salud. Al arribar el expediente para decisión sobre su admisión, la Sala constató que la acción fue instaurada contra un particular, y que el lugar de presunta vulneración correspondía a Neiva (Huila).

Consideraciones jurídicas y fundamento de la resolución

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, que regula la distribución de las acciones de tutela. Este artículo establece que las acciones contra autoridades públicas de orden departamental, distrital o municipal y contra particulares deben ser conocidas en primera instancia por los jueces municipales del lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza del derecho. Asimismo, se invocó el artículo 13 del Código General del Proceso, que señala que las normas procesales son de orden público, de cumplimiento obligatorio y no pueden ser modificadas por funcionarios o particulares sin autorización legal expresa. En consecuencia, y atendiendo a que la acción de tutela fue presentada contra una entidad...