Competencia y contexto procesal

Este auto fue expedido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, instancia competente para conocer acciones de tutela contra jueces y tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991. El caso se origina en la presentación de una acción de tutela por parte de un ciudadano que cuestiona decisiones judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá. Estas decisiones hacen parte del trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, en el que se impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por diez años.

Antecedentes fácticos y procesales

El actor solicitó tutela alegando la vulneración de varios derechos fundamentales, como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad humana. La acción cuestiona las sentencias proferidas en agosto de 2022 y 2023, relacionadas con el proceso disciplinario contra él. En paralelo, el solicitante pidió la adopción de una medida provisional para suspender los efectos de la sanción disciplinaria mientras se resuelve la tutela, argumentando que la sanción le impide ejercer profesionalmente y genera un daño económico y psicológico irreparable. Adicionalmente, requirió la admisión de pruebas testimoniales relacionadas con los hechos que dieron origen al proceso disciplinario.

Consideraciones sobre la medida provisional

El Consejo de Estado recordó que las medidas provisionales en tutela deben cumplir tres requisitos esenciales: la existencia de fundamentos fácticos y jurídicos razonables (fumus boni iuris), el peligro en la demora...