Contexto y antecedentes procesales

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, conoció una acción de tutela interpuesta con el propósito de proteger derechos fundamentales como la igualdad, el mínimo vital, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad. La acción se dirigió contra una sociedad anónima de carácter privado, que presuntamente negó la apertura de una cuenta de ahorros y productos financieros a nombre de la accionante. Al analizar la demanda, el despacho judicial advirtió que, conforme a la legislación vigente, la competencia para conocer esta acción no correspondía a esta corporación. En consecuencia, se identificó la necesidad de remitir el proceso a la jurisdicción adecuada para su trámite.

Fundamento jurídico de la decisión

La providencia se fundamenta principalmente en el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece las reglas de reparto para la acción de tutela. Esta norma determina que, en primera instancia, las acciones de tutela contra particulares deben ser conocidas por los jueces municipales del lugar donde ocurra la violación o amenaza de derechos. Dado que la presunta vulneración de derechos se originó en el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, el Consejo de Estado dispuso remitir el expediente a los juzgados municipales de dicha jurisdicción para que conozcan del caso.

Decisión y órdenes impartidas

En virtud de lo anterior, y atendiendo a las competencias asignadas por la normativa reglamentaria, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en sala unitaria, emitió un auto interlocutorio mediante el cual:

• Declara su incompetencia para...