Competencia judicial en acciones populares: providencia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en auto interlocutorio fechado el 14 de noviembre de 2025, decidió declarar su falta de competencia para conocer una acción popular instaurada contra entidades públicas y particulares vinculados a un municipio del Atlántico. La decisión ordena la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico, tribunal competente para conocer de este tipo de procesos, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por una acción popular promovida contra el municipio, una corporación autónoma regional, la secretaría de salud departamental y varias personas naturales, en relación con presuntas violaciones a derechos e intereses colectivos. Las causas señaladas versan sobre contaminación ambiental y deficiencias en infraestructura sanitaria en una zona específica del municipio. La acción popular invoca la protección de derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, seguridad y salubridad públicas, y prevención de desastres previsibles, conforme a lo previsto en la Ley 472 de 1998.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la interpretación conjunta de los artículos 15, 16 y 44 de la Ley 472 de 1998, que regulan la jurisdicción y competencia para conocer acciones populares. En particular, el artículo 15 establece que la jurisdicción para estas acciones corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa cuando se trata de actos, acciones u omisiones de entidades públicas o particulares que ejercen funciones administrativas, y a la jurisdicción ordinaria civil en los demás casos. El artículo 16 detalla que...