Contexto y antecedentes del caso

La Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado profirió una providencia en el marco de un proceso ejecutivo iniciado por una universidad pública contra un exfuncionario. El proceso se originó tras una sentencia de diciembre de 2019 que declaró la responsabilidad del exfuncionario por expedir una resolución administrativa con desviación de poder, condenándolo al pago de más de 227 millones de pesos y las costas procesales. Posteriormente, en mayo de 2020, la corporación aprobó la liquidación de las costas en aproximadamente 10,2 millones de pesos. En mayo de 2024 se libró mandamiento de pago contra el exfuncionario por la suma total de la condena y las costas, y se notificó personalmente mediante correo electrónico señalado por la universidad. El ejecutado manifestó en noviembre de 2024 su acuerdo para cumplir con el mandato de pago, presentando documentos relacionados con un acuerdo de pago aprobado por el comité de conciliación de la universidad, que establecía cuotas mensuales escalonadas hasta el año 2028. Sin embargo, la universidad manifestó que este acuerdo no implicaba su intención de terminar el proceso judicial. El exfuncionario solicitó la terminación del proceso por novación, alegando que la obligación original se había modificado tácitamente. Esta solicitud fue negada en providencia del 25 de junio de 2025 y confirmada en auto del 22 de agosto de 2025, decisión con la que el ejecutado mostró su inconformidad mediante recurso de reposición, el cual no prosperó.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La providencia destaca primero la corrección de errores aritméticos y de redacción en el auto de mayo de 2024 que...