Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una demanda interpuesta por un sindicato de procuradores judiciales que solicitaba la nulidad del Decreto 1999 del 12 de diciembre de 2024. Dicho decreto ordenó el nombramiento provisional, por seis meses, de una procuradora judicial II en la Procuraduría 54 Judicial II para la conciliación administrativa en Bogotá. La demanda se fundamentó en la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la expresión “Procurador Judicial” como empleo de libre nombramiento y remoción, reconociéndolo como cargo de carrera administrativa. En consecuencia, ordenó la realización de concurso de méritos para su provisión. El sindicato alegó que existían personas con mejor derecho dentro de la carrera administrativa y que el nombramiento provisional vulneraba este derecho. El proceso fue inicialmente tramitado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Sin embargo, la parte demandada solicitó que el asunto fuera remitido al Consejo de Estado para que se profiriera sentencia de unificación jurisprudencial por su importancia jurídica. El tribunal, mediante auto del 18 de septiembre de 2025, remitió entonces el expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas y competencia

Al analizar la solicitud de unificación de jurisprudencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado observó que el asunto planteado versaba sobre un derecho laboral relacionado con la carrera administrativa de la procuradora judicial nombrada en provisionalidad. Por ello, concluyó que el conocimiento del caso correspondía a la Sección Segunda del Consejo de Estado, especializada en materia laboral y de seguridad social, según lo dispuesto en el artículo 13 del...