Providencia de segunda instancia y aclaración de voto

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, emitió una aclaración de voto respecto a la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025, en el expediente relacionado con una acción de cumplimiento presentada contra diversas entidades públicas del sector ambiental, agrícola y minero. La providencia judicial objeto de análisis corresponde a una sentencia de segunda instancia que revocó parcialmente un fallo previo del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada para exigir el cumplimiento de obligaciones legales por parte de múltiples entidades, incluyendo ministerios y agencias relacionadas con el ambiente, la agricultura, la minería y el desarrollo rural, así como autoridades regionales. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción. En segunda instancia, el Consejo de Estado rechazó la demanda frente a algunas entidades por falta de acreditación de la renuencia y declaró improcedente la acción contra otras por subsidiariedad. Durante el proceso, la parte actora solicitó la práctica de varias pruebas adicionales. Sin embargo, la Sala decidió no decretarlas, argumentando que la oportunidad para hacerlo ya había sido establecida y resuelta en una providencia anterior. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso un recurso fuera de término.

Consideraciones jurídicas de la aclaración de voto

El magistrado ponente, mediante la aclaración de voto, puntualiza que la competencia para decidir sobre la práctica de pruebas corresponde exclusivamente al ponente del caso y no a la Sala en pleno. Esta competencia está fundamentada en el artículo 125.3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se subraya la importancia de respetar las formas legales propias de cada juicio, en particular las garantías del debido proceso, consagradas en los artículos 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política. La Corte Constitucional ha señalado que la competencia judicial debe ser legal, imperativa, inmodificable, indelegable y de orden público, garantizando la prevalencia del interés general y la seguridad jurídica. Al resolver la Sala sobre la solicitud probatoria sin respetar la competencia exclusiva del ponente, se vulnera el derecho fundamental al debido proceso, ya que se desatienden las normas de orden público que regulan el procedimiento judicial. Esta observación resalta que la correcta administración de justicia requiere no solo la competencia material y funcional adecuada, sino también el respeto estricto a los procedimientos establecidos para la adopción de decisiones judiciales.

Implicaciones y relevancia de la decisión

Esta aclaración de voto destaca la necesidad de que los órganos jurisdiccionales observen rigurosamente las reglas procesales y competencias asignadas, especialmente en materia probatoria. Garantizar la observancia del debido proceso fortalece la legitimidad y seguridad jurídica en el ejercicio de la función judicial, aspectos esenciales para la confianza ciudadana en el sistema de justicia administrativa. La providencia también enfatiza la importancia de respetar los términos procesales para la presentación de recursos, recordando que la extemporaneidad puede afectar la posibilidad de revisión de decisiones previas. De esta forma, el Consejo de Estado reafirma criterios fundamentales sobre competencia judicial y debido proceso, contribuyendo a la correcta aplicación del derecho en procesos contencioso-administrativos que involucran a múltiples entidades públicas y promoviendo así la transparencia y eficacia en la administración pública.