Contexto y antecedentes del caso

La acción de cumplimiento fue interpuesta contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y otras entidades relacionadas, con el objetivo de obtener el cumplimiento de varios artículos de la Ley 1930 de 2018 en concordancia con el Decreto 870 de 2017. La demandante, habitante tradicional de páramo, solicitó que se reconociera un enfoque diferencial para los habitantes de estas zonas, se implementaran programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas —como la minería artesanal y ciertas actividades agrícolas— y se otorgara apoyo técnico y económico para garantizar alternativas de subsistencia. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en primera instancia, declaró improcedente la acción de cumplimiento, argumentando que no se cumplió con el requisito de constitución en renuencia —es decir, que no se probó un reclamo previo a las autoridades para el cumplimiento de las normas invocadas—, y que las solicitudes presentadas correspondían a trámites administrativos y no a demandas claras de cumplimiento de un mandato legal imperativo.

Consideraciones jurídicas de la Sala de lo Contencioso Administrativo

El Consejo de Estado, competente para conocer en segunda instancia este tipo de recursos, analizó los requisitos legales para la procedencia de la acción de cumplimiento, que incluyen:

• La existencia de un mandato legal o acto administrativo claro, imperativo y exigible.
• El agotamiento del requisito de constitución en renuencia, que implica un reclamo previo y expreso a la autoridad para que cumpla el deber legal en...