Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, máxima autoridad en materia contencioso-administrativa, intervino para resolver un conflicto negativo de competencia entre dos instancias judiciales administrativas de diferentes distritos judiciales. La providencia, en calidad de auto, fue dictada para aclarar cuál autoridad judicial debe tramitar y decidir una demanda de protección de intereses y derechos colectivos. La controversia se centró en determinar si el conocimiento del proceso correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca o al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por un ciudadano contra la Superintendencia de Notariado y Registro, específicamente contra su Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el municipio de Moniquirá, así como contra el propio municipio. La acción alegaba la vulneración de derechos relacionados con la moralidad administrativa y el desarrollo urbano ordenado, solicitando la revocatoria de licencias y aprobaciones urbanísticas otorgadas, además de la eliminación de anotaciones registrales. Inicialmente, la demanda fue instaurada ante un Juzgado Administrativo en Bogotá, que remitió el proceso a los juzgados administrativos de Tunja conforme a la Ley 472 de 1998, que establece competencia por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor popular. Sin embargo, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja declaró su incompetencia para conocer el caso, argumentando que la Superintendencia es una entidad del orden nacional cuya competencia corresponde a los tribunales administrativos, mientras que los juzgados administrativos conocen asuntos contra autoridades de orden territorial local. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también rechazó su competencia territorial y devolvió el proceso al...