Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surgió a partir de una demanda presentada por una Unión Temporal contra la USPEC, mediante el medio de control de reparación directa, por el presunto enriquecimiento sin justa causa debido al no pago de tres facturas correspondientes a servicios de alimentación prestados en tres establecimientos carcelarios localizados en diferentes municipios y departamentos. La suma total reclamada ascendía a más de seiscientos dieciséis millones de pesos. Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró su falta de competencia para conocer el proceso, debido a que la cuantía de la pretensión principal era inferior al umbral legal que determina la competencia de esa instancia. En consecuencia, ordenó el reparto del caso a los juzgados administrativos del circuito de Cali. Posteriormente, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali manifestó su falta de competencia territorial parcial para conocer todas las pretensiones, dado que las reclamaciones involucraban diferentes distritos judiciales. Por esta razón, asumió competencia solo respecto a la factura del establecimiento carcelario de Jamundí y remitió las demás a los juzgados de Popayán y Cartago, advirtiendo que, en caso de rechazo, se plantearía un conflicto negativo de competencia. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán, a su vez, declaró su falta de competencia y planteó el conflicto negativo de competencia ante el Consejo de Estado, argumentando que el Juzgado Catorce de Cali era competente en virtud de la conexidad de las pretensiones y la regla de competencia a prevención, dado que la demanda fue inicialmente radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Consideraciones y decisión del...