Contexto y tribunal competente

La providencia fue dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de una acción de cumplimiento. Esta acción fue interpuesta contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y una empresa privada encargada de la prestación del servicio público de energía eléctrica en varias regiones del país. El recurso de apelación fue concedido tras la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de cumplimiento fue presentada por una ciudadana que solicitó el acatamiento de diversas normas relacionadas con la prestación y cobro del servicio público de energía, en especial las disposiciones sobre el rompimiento de solidaridad en el pago de facturas. La demandante reclamó que la SSPD y la empresa prestadora exigían requisitos no autorizados por la ley para proceder con el rompimiento de solidaridad, como la presentación de certificados de libertad y tradición, la acreditación de titularidad del inmueble y la exigencia de estar a paz y salvo en los pagos. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción por no haberse agotado el requisito de subsidiariedad, es decir, no haberse utilizado previamente otros mecanismos judiciales ordinarios para controvertir la actuación administrativa. La apelante impugnó esta decisión alegando una interpretación errónea del tribunal y señalando una supuesta violación de precedentes constitucionales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia basándose en un análisis riguroso de los requisitos de procedencia...