Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en atención a recursos de apelación presentados contra la sentencia inicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección C. La acción popular fue promovida para proteger derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad vial y la prevención de desastres previsibles.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda se originó por la denuncia de riesgos estructurales en un puente vehicular situado en el kilómetro PR 28+230 del corredor vial 7007, que conecta Aguachica con Río de Oro, dentro de la Ruta del Sol tramo II. Se alegó que la erosión del terreno y deficiencias en el diseño y mantenimiento ponían en peligro la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fueron demandados. La ANI y la UNGRD fueron excluidas del proceso por falta de legitimación, ya que no se les atribuyó competencia directa sobre el tramo vial en cuestión.

Consideraciones de la providencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que el INVIAS y el Ministerio de Transporte vulneraron el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al no adoptar medidas efectivas para prevenir el riesgo generado por la erosión y socavación en la base del puente. Se ordenó al INVIAS realizar estudios técnicos, demoler estructuras provisionales que favorecen empozamientos de agua, y ejecutar obras de protección para...