Contexto y tribunal competente

El auto de mejor proveer fue emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, en segunda instancia, dentro del proceso identificado bajo el radicado 25000-23-42-000-2018-00395-02. La decisión se enmarca en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la entidad administradora de pensiones frente a una reclamación relacionada con la compatibilidad entre una pensión ordinaria y una pensión reconocida convencionalmente.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso gira en torno al reconocimiento de una pensión extralegal otorgada por una empresa en liquidación mediante una resolución administrativa fechada en 1981. La entidad administradora de pensiones solicitó el expediente completo del proceso de reconocimiento de dicha pensión para verificar su compatibilidad con la pensión ordinaria. Inicialmente, se solicitó esta información a la administradora de pensiones, la cual respondió aportando únicamente documentos parciales, sin incluir la resolución ni la convención colectiva que fundamentaron el reconocimiento de la pensión extralegal. Posteriormente, la Sala identificó que la solicitud de prueba había sido dirigida a la entidad equivocada. En efecto, el requerimiento debía haberse dirigido al Fondo de Pasivo Social, responsable del pago efectivo de las pensiones reconocidas por la empresa en liquidación, así como al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que custodia los archivos laborales de la compañía conforme a la normativa vigente.

Consideraciones de la providencia

El auto se fundamenta en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que faculta al juez a ordenar de oficio la práctica de pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos...