Antecedentes del caso y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en segunda instancia, examinó la impugnación presentada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró improcedente una acción de tutela. La tutela fue interpuesta para proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta. Este juzgado había rechazado de plano una acción de cumplimiento promovida contra la Fiscalía 30 Seccional de Santa Marta, al considerar que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia, según lo establecido en la Ley 393 de 1997 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Hechos y pretensiones

La parte actora solicitó que se reconociera la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión del rechazo de plano de la acción de cumplimiento, y que se ordenara al juzgado dar trámite a dicha acción conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley 393 de 1997. La acción de cumplimiento buscaba que la Fiscalía cumpliera una orden fiscal emitida en marzo de 2021 para adelantar actos de investigación relacionados con el fallecimiento de un familiar de la accionante. Sin embargo, tras más de cuatro años sin que se ejecutaran los actos ordenados y ante la falta de respuesta a solicitudes presentadas en 2025, se promovió la acción de cumplimiento que fue rechazada de plano por el juzgado.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala del Consejo de Estado analizó los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de...