Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en respuesta al recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta. El caso se originó en una acción popular instaurada contra Ecopetrol S.A., la ANLA, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Minas y Energía, en defensa de derechos colectivos relacionados con el ambiente, la moralidad administrativa, y la protección de recursos naturales, entre otros.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes solicitaron la suspensión y prohibición de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca del río Humadea, argumentando que tales actividades, especialmente el proyecto exploratorio Lorito 1, ubicadas a menos de cien metros del cauce del río, ponían en riesgo el abastecimiento de agua potable para comunidades locales, el desarrollo turístico y la conservación ambiental. Se alegaron daños por tala de flora nativa y contaminación hídrica, además de cuestionar la compatibilidad de la actividad con la zonificación turística y ambiental de la zona. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones, concluyendo que la licencia ambiental otorgada a Ecopetrol S.A. por la ANLA cumplía con los requisitos legales y técnicos, y que la empresa había implementado un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y un Plan de Contingencia adecuados. Se destacó que la plataforma exploratoria respetaba las zonas de exclusión y distancias mínimas de protección respecto al río y las infraestructuras de acueductos. El demandante...