Contexto y antecedentes del proceso

La Procuraduría Regional del Vichada interpuso acción popular contra diversas entidades nacionales y territoriales, incluyendo el INPEC, USPEC, el Departamento del Vichada, varios municipios y ministerios, para proteger derechos colectivos vinculados a la seguridad y salubridad pública, así como a la infraestructura adecuada de servicios en la cárcel municipal de Puerto Carreño. Los hechos probados revelan que la cárcel funciona en un inmueble de 496.5 m² con una capacidad para 25 personas, pero alberga alrededor de 130 reclusos en condiciones de grave hacinamiento, infraestructura deteriorada y deficiencias en servicios básicos como agua potable, alcantarillado y atención médica. Esto genera un riesgo continuo para la vida, salud y dignidad de los internos, afectando derechos fundamentales y colectivos. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta reconoció la vulneración de derechos y ordenó a las entidades demandadas adoptar medidas integrales para superar esta crisis, estableciendo plazos específicos para la realización de obras de mantenimiento y la construcción de un nuevo establecimiento carcelario.

Consideraciones jurídicas y competencias asignadas

La Sala del Consejo de Estado analizó los recursos de apelación presentados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, USPEC y algunos municipios, quienes cuestionaron la extensión de sus responsabilidades y la viabilidad de cumplir las órdenes. Se reiteró que, conforme a la Ley 65 de 1993 modificada por la Ley 1709 de 2014, la administración, creación, sostenimiento y vigilancia de las cárceles departamentales y municipales corresponde a los entes territoriales. Sin embargo, ante la crisis evidenciada, es necesaria la intervención del orden nacional, representada por el INPEC y USPEC, para garantizar la gestión...