Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en liquidación contra un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que resolvía un incidente de regulación de honorarios profesionales en un proceso de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial. El proceso original fue iniciado en 2011 con la demanda de reparación directa para que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial por un error jurisdiccional. En 2015, el tribunal de primera instancia reconoció la responsabilidad y condenó a la Nación al pago de perjuicios materiales y abstractos. Esta sentencia fue confirmada en 2023 por el Consejo de Estado. Posteriormente, el abogado que representó a la sociedad demandante promovió un incidente para que se le reconociera el pago de honorarios profesionales equivalentes al 25% de lo reconocido en la sentencia de primera instancia, según contrato de prestación de servicios suscrito en 2016. La sociedad demandante, ahora en liquidación, se opuso alegando incumplimientos contractuales del abogado, mala fe y la inclusión de cláusulas abusivas en el contrato. También propuso la compensación con una obligación derivada de otro proceso laboral en curso.

Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander fijó los honorarios en un 20% del valor total reconocido en la sentencia que dio fin al proceso, valorando la actuación del abogado durante cuatro de las cinco etapas procesales definidas. Sin embargo, la sociedad demandante apeló la decisión argumentando, entre otros puntos, que no se...