Contexto y antecedentes procesales

La presente decisión se originó a partir de una acción popular interpuesta contra el Municipio de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el Departamento de Santander, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP (EMPAS S.A.) y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). La demanda denunció la vulneración de derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público y, principalmente, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicas, debido a problemas de erosión y deslizamientos en terrenos colindantes a la CDMB, que afectan a la comunidad de Villa del Prado desde 2004. El Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, amparó los derechos colectivos invocados, estableciendo la responsabilidad principal del Municipio de Bucaramanga para adoptar medidas y ejecutar obras que mitiguen los riesgos detectados, con el apoyo técnico y acompañamiento de la CDMB. Por el contrario, exoneró de responsabilidad al Departamento de Santander, EMPAS S.A. y al Área Metropolitana de Bucaramanga.

Competencia y responsabilidades según la normativa

En segunda instancia, el Consejo de Estado analizó las funciones y competencias de las entidades involucradas, tomando como marco jurídico principal la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres y la Ley 99 de 1993 en materia ambiental. El Municipio de Bucaramanga, en cabeza de la Alcaldía, es el principal gestor y responsable directo de la implementación y ejecución de los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, incluyendo el conocimiento, reducción y manejo de desastres, según el artículo 14 de la Ley...