Contexto y antecedentes del caso

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Cuarta, en segunda instancia, sobre un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo de Santander. El proceso se originó a partir de la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial de revisión y la resolución que determinaron el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo del demandante por el año 2015, actos administrativos emitidos por la DIAN. El demandante solicitó, en la subsanación de la demanda, la práctica de dos pruebas: una inspección judicial para verificar la existencia real de equipos médicos adquiridos y las historias clínicas de pacientes atendidos en virtud de un contrato estatal celebrado con el Departamento de Santander; y una declaración de parte para que el demandante explicara la ejecución del contrato y los servicios contratados con ciertos proveedores. El Tribunal Administrativo de Santander negó ambas pruebas con fundamento en que la inspección judicial no permitiría establecer la forma de adquisición de los equipos ni demostrar la realidad de los costos rechazados por la DIAN. Asimismo, consideró que la declaración de parte era impertinente, inconducente e inútil, dado que la ejecución del contrato estaba acreditada mediante el acta de liquidación y que la falta de documentación y la imposibilidad de contactar a los proveedores ya había sido reconocida en etapas anteriores del proceso.

Fundamentos jurídicos y consideraciones

Para resolver el recurso de apelación, el Consejo de Estado analizó los conceptos de prueba ilícita, impertinente, inconducente e inútil conforme al artículo 168 del...