Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia judicial analizada corresponde a una sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 7 de noviembre de 2025. La decisión confirma la sentencia anticipada del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad de la demanda interpuesta en contra del Municipio de Rionegro por la presunta responsabilidad patrimonial derivada de la desvalorización de un predio debido a restricciones impuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante un acto administrativo de carácter general.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, copropietarios de un inmueble ubicado en el municipio de Rionegro, alegaron que la expedición del Acuerdo Municipal que modificó el POT de 2018 impuso restricciones ambientales y urbanísticas que prohibían construcciones y desarrollos en su predio. Según señalaron, dichas limitaciones generaron una desvalorización patrimonial significativa, cuantificada en varios cientos de millones de pesos. El Municipio y la Corporación Autónoma Regional, llamada en garantía, objetaron la demanda bajo varias excepciones, entre ellas la indebida escogencia del medio de control y la caducidad, argumentando que ante la afectación derivada de un acto administrativo general con presuntos vicios de legalidad, el medio idóneo era la nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento que cuenta con un término de caducidad de cuatro meses desde la publicación del acto. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, declaró probada la excepción de caducidad por considerar que la demanda fue presentada fuera de término. La parte demandante interpuso recurso de apelación frente a esta decisión.

Consideraciones principales de la Sala

El Consejo de Estado tuvo que determinar si el medio de control de reparación directa era procedente para reclamar indemnización por perjuicios derivados de la expedición de un acto administrativo general cuestionado en cuanto a su legalidad. La Sala recordó que la elección del medio de control debe basarse en la causa del daño y que el juez debe adecuar el trámite al cauce procedimental correcto para resolver el fondo del asunto. Se precisó que cuando el daño es consecuencia directa de un acto administrativo que se considera ilegal, la acción adecuada es la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo término para interponer la demanda es de cuatro meses desde la publicación del acto o desde la notificación del acto intermedio de ejecución. En el caso concreto, aunque los demandantes argumentaron que no pretendían la nulidad del acto sino únicamente la reparación del daño, la Sala encontró que la demanda contenía reproches de legalidad contra el Acuerdo municipal, invalidando así la procedencia del medio de control de reparación directa. Se estableció que el término de caducidad comenzó a contar desde la publicación del Acuerdo en febrero de 2018, y que la demanda fue presentada en julio de 2020, excediendo el plazo legal. De igual forma, si se contara desde la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento formal de las restricciones, el término también habría vencido.

Consecuencias y condena en costas

Por todo lo anterior, el Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró la caducidad de la demanda. Además, condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria, que deberá ser pagado en partes iguales a favor del Municipio y la Corporación Autónoma Regional llamada en garantía.

Conclusión

Esta decisión reafirma la importancia de la adecuada escogencia del medio de control en los procesos contencioso-administrativos, especialmente cuando se cuestionan actos administrativos generales que causan daños patrimoniales. El régimen de caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es estricto y se aplica con rigor, limitando la posibilidad de reclamar después de su vencimiento. La sentencia enfatiza que la reparación directa solo es procedente cuando no se cuestiona la legalidad del acto y se busca exclusivamente la indemnización por daños especiales, garantizando así la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del ordenamiento legal.